El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión de gran relevancia en el ámbito laboral: qué convenio colectivo debe aplicarse cuando coinciden un convenio de empresa y un convenio sectorial.
La reciente sentencia de 16 de abril de 2026 aporta mayor seguridad jurídica tras las distintas interpretaciones que habían surgido a raíz de la reforma laboral de 2021.
La controversia se centra en determinar si un convenio colectivo de empresa puede seguir aplicándose cuando existe un convenio sectorial posterior que regula las mismas materias.
En su nueva resolución, el Alto Tribunal reafirma que la regla general continúa siendo la prioridad temporal: el convenio que entra en vigor primero mantiene su aplicación preferente frente a otros convenios posteriores. No obstante, existen determinadas excepciones previstas legalmente que pueden alterar esta regla.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que aclara el alcance de la denominada prioridad aplicativa del convenio de empresa. Según el Tribunal, esta prioridad debe interpretarse de forma restrictiva y únicamente respecto de las materias expresamente previstas en la normativa laboral.
Además, la resolución aborda una cuestión especialmente importante: qué ocurre cuando el convenio colectivo que se aplicaba inicialmente se encuentra en situación de ultraactividad.
En este sentido, el Tribunal Supremo considera que la protección de la unidad de negociación se mantiene durante dicho periodo, impidiendo que otro convenio colectivo invada su ámbito de aplicación mientras no pueda entenderse que esa unidad negociadora ha sido abandonada.
Esta doctrina resulta especialmente relevante para empresas, representantes de los trabajadores y profesionales de recursos humanos, ya que puede influir directamente en aspectos tan importantes como salarios, condiciones laborales, organización del trabajo o futuras negociaciones colectivas.
La sentencia contribuye a clarificar un debate que había generado importantes dudas interpretativas en los últimos años y refuerza la seguridad jurídica en materia de negociación colectiva.
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