La gestión de las sanciones disciplinarias dentro de la empresa requiere un estricto cumplimiento de los plazos legales y de los procedimientos formales. Cualquier error en la comunicación o en el cómputo de los plazos puede determinar la nulidad de la medida o la pérdida del derecho a impugnarla. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de mayo de 2024, ha precisado nuevamente cuándo se inicia el plazo para impugnar una sanción de suspensión de empleo y sueldo.
El caso.
Un trabajador fue sancionado con 60 días de suspensión de empleo y sueldo. Disconforme con la medida, decidió impugnar la sanción ante los tribunales.
La comunicación entregada por la empresa no especificaba la fecha de inicio de la sanción e indicaba que su ejecución se aplazaría hasta que la decisión fuese firme. Este detalle generó controversia sobre en qué momento debía comenzar a contarse el plazo para interponer la demanda.
El criterio del Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal recordó que las sanciones disciplinarias no extinguen la relación laboral, por lo que su régimen difiere del aplicable a los despidos.
En este sentido, el plazo para impugnar una sanción de suspensión de empleo y sueldo comienza a contar desde la fecha en que se comunica la sanción al trabajador, y no desde la fecha en que la medida entra en vigor o produce efectos.
Por tanto, aunque en este caso la comunicación no indicara la fecha de inicio de la suspensión, el plazo de impugnación se inició desde la notificación de la sanción.
Claves prácticas.
- El plazo de impugnación de sanciones disciplinarias comienza en el momento de su notificación formal al trabajador.
- Las empresas deben redactar con precisión la comunicación de sanción, incluyendo motivos, fundamentos y, en su caso, la fecha prevista de ejecución.
- Es recomendable conservar constancia de la recepción por parte del trabajador para evitar controversias posteriores.
Conclusión y recomendación profesional.
Este pronunciamiento refuerza la importancia de cumplir rigurosamente con los procedimientos disciplinarios y de comunicar las sanciones de manera clara y formal. Un error en la notificación puede afectar la validez del proceso y abrir la puerta a impugnaciones judiciales.
En Tapia & López Abogados aconsejamos a las organizaciones revisar sus protocolos de régimen disciplinario y contar con asesoramiento jurídico-laboral especializado para garantizar que las sanciones se apliquen conforme a la normativa y se preserven los derechos de ambas partes.
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