El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho de una mujer a seguir percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) extinguiera la prestación al considerar que la beca concedida a su hija para preparar oposiciones debía computarse como un ingreso de la unidad familiar.
La ayuda había sido otorgada para la preparación de las oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al de Abogados del Estado. Sin embargo, el tribunal concluye que esta beca tiene una finalidad estrictamente formativa, destinada a sufragar los gastos derivados de la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe computarse como un ingreso a efectos del IMV.
La Sala rechaza el criterio defendido por la Seguridad Social, que equiparaba estas ayudas a rentas computables conforme a la normativa del Impuesto sobre la Renta. A juicio del tribunal, esta interpretación podría provocar una discriminación por motivos socioeconómicos, al penalizar precisamente a las familias con menores recursos económicos.
La sentencia advierte de que, si estas becas se considerasen ingresos, muchas familias se verían obligadas a elegir entre mantener el Ingreso Mínimo Vital o permitir que sus hijos accedieran a ayudas destinadas a facilitar la preparación de oposiciones, frustrando así la finalidad tanto de las becas como de la propia prestación social.
Por ello, el tribunal confirma íntegramente la sentencia de primera instancia y desestima el recurso interpuesto por el INSS, reconociendo el derecho de la beneficiaria a continuar percibiendo el IMV.
Esta resolución refuerza la finalidad protectora del Ingreso Mínimo Vital y pone de manifiesto la necesidad de interpretar su normativa de forma coherente con el objetivo de prevenir la pobreza y favorecer la igualdad de oportunidades.
Si le han denegado o extinguido el Ingreso Mínimo Vital y considera que la decisión no se ajusta a la normativa, es recomendable solicitar asesoramiento jurídico especializado para analizar su situación y valorar las posibles acciones en defensa de sus derechos.
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